Editorial

Esta semana en nuestro estado nos enteramos de la detención de uno de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México delegación Oaxaca, acusado de varios homicidios; a través de un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado, en voz del fiscal general del Estado, afirmó que nadie está por encima de la ley, y que con la detención de este líder sindical quedó demostrado este compromiso.

A raíz de esta detención, muchos de los trabajadores afiliados a la CTM en todo el territorio oaxaqueño comenzaron una serie de movilizaciones para exigir la liberación inmediata de su dirigente, y por estas acciones –que afectaron los derechos fundamentales de miles de personas en toda nuestra entidad– no hubo ninguna sanción contra los manifestantes.

Esta misma semana, estudiantes normalistas han estado realizando movilizaciones masivas en donde –literalmente– han secuestrado unidades del transporte público, y el Gobierno del Estado no ha emitido siquiera una postura al respecto, mucho menos ha hablado de aplicar algún tipo de sanción o correctivo en contra de estos grupos sociales que desquician ya de manera cotidiana la capital del Estado y diferentes puntos de nuestro estado.

Por ello muchos somos los que nos preguntamos ¿NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY? Al menos eso dice el Gobierno del Estado aunque la realidad que vemos es una muy diferente, y no solamente en Oaxaca, sino en todo el país.

Y es que para los mexicanos la ley siempre es “negociable” y se aplicar o no, dependiendo de quiénes son los involucrados; ejemplos en nuestro país hay muchos, pero uno muy sonado es el de las agrupaciones de taxistas en diferentes lugares de México (especialmente destinos turísticos) que de manera violenta persiguen tanto a usuarios como a conductores que trabajan a través de sistemas como Uber, Cabify y similares; existen denuncias formales, se han documentado las agresiones con videos en vivo, los afectados han presentado las evidencias necesarias de los daños ya sea en sus pertenencias, vehículos o –inclusive– en su persona.

A pesar de todo esto, las autoridades municipales o estatales muchas veces simplemente se “lavan las manos”, como se dice coloquialmente, y argumentan que no existen denuncias y que ellos no tienen conocimiento de ninguna agresión, permitiéndole así operar de manera impune a estas agrupaciones de taxistas que, a su vez, tienen un compromiso de seguir apoyando a los diferentes partidos políticos y candidatos en los diferentes procesos electorales que se avecinan, en el entendido de que éstos, a su vez, deberán dejar que los taxistas puedan seguir operando con total impunidad, haciendo lo que les venga en gana.

Casos como éste hay cientos –o quizá miles– en todo el país, mientras que los ciudadanos que procuramos respetar la ley y hacer bien las cosas somos los más afectados, especialmente por aquellos que se sienten –y se saben– protegidos por las autoridades, para actuar de manera muchas veces ilegal y pisoteando nuestros derechos y los de muchas otras personas.

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