Editorial

En días pasados, nos enteramos del caso de tres frustrados delincuentes quienes pretendían asaltar a una pareja de ancianos en la comunidad de San Mateo Macuilxóchitl en la región de los Valles Centrales, y quienes fueron detenidos por los enardecidos vecinos del lugar; una vez que tuvieron a los asaltantes en su poder, los habitantes de Macuilxóchitl decidieron darles un castigo ejemplar y mandar un claro mensaje a otros criminales que pretendan cometer sus fechorías en esta comunidad, por lo que los iracundos vecinos golpearon a los frustrados asaltantes y terminaron por prenderles fuego, siendo después los presuntos asaltantes rescatados por elementos de las fuerzas de seguridad pública con serias quemaduras y lesiones que terminaron costándoles la vida a estos criminales.

En lo particular no estoy de acuerdo con la forma de actuar de estos ciudadanos, sin embargo debo reconocer que –hasta cierto punto– comprendo la enorme frustración que sienten y el por qué cada día que pasa vemos más y más casos no solamente en nuestro estado, sino en todo el país, en donde los ciudadanos deciden tomar la ley en sus propias manos para realizar la labor que, consideran, las distintas corporaciones de seguridad pública no pueden –o quieren– hacer, y mucho me temo que estos casos no sólo seguirán sucediendo, sino que se irán multiplicando a menos que las autoridades tomen cartas en el asunto, para que la ciudadanía ya no considere tomar la ley en sus manos sino que se le permita a las corporaciones de seguridad cumplir con la responsabilidad que les corresponde.

En no pocas ocasiones nos hemos enterado de casos en donde los mismos elementos de las distintas corporaciones policiacas huyen para no enfrentarse a los delincuentes, ya sea porque no cuentan con el armamento o la capacitación necesaria. 

También es cierto que pareciera muchas veces que la actual legislación protegiera más la integridad física y emocional de los delincuentes que de sus víctimas, por lo que en no pocas ocasiones las fuerzas de seguridad prefieren no actuar, por temor a que puedan ser acusadas por las distintas organizaciones de defensoría de los Derechos Humanos por supuestos “abusos” en contra de los criminales.

Por otro lado, es bien sabido de muchos casos en que tanto elementos como directivos de diferentes corporaciones de seguridad pública están coludidos con –o son directamente miembros de– las organizaciones criminales a las que supuestamente tienen que combatir, por lo que se encargan de no afectar los intereses de estos grupos delictivos.

Razones sobran para explicar esta problemática, pero no es eso lo que a nosotros como ciudadanos nos interesa, sino que haya resultados en áreas como la seguridad pública; los políticos pueden usar las distintas cifras y estadísticas que quieran, pero si éstas no se reflejan en la vida cotidiana de los ciudadanos, de nada sirve.

Esta misma semana rindió su primer informe de gobierno el maestro Alejandro Murat como gobernador de nuestra entidad, y aunque durante su discurso el mandatario oaxaqueño recalcó que han habido grandes avances en materia de seguridad pública, la realidad a la que nos enfrentamos miles de familias en todo el estado es que los índices de inseguridad siguen a la alza, y que las fuerzas de seguridad pública ya han sido rebasadas, hay muchas razones para ello, incluida la misma negligencia de la ciudadanía y la falta de una cultura de la denuncia, pero también hay que reconocer que el gobierno poco –o nada– ha hecho por volver a ganarse la confianza de los ciudadanos, OFRECIENDO RESULTADOS Y NO SOLAMENTE EXCUSAS, que es lo que más comúnmente escuchamos.

También puede interesarle: